Una nueva política de agua potable y saneamiento básico para Colombia
Por Gustavo Petro
Hace poco la Revista Semana titulaba que el actual alcalde de Bogotá
había pagado una multa de cerca de $20.000 millones, impuesta por la
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC a la Uaesp, por el error
del alcalde Petro en su política de aseo.
El titular tendencioso de revista Semana,
http://www.semana.com/…/penalosa-pago-multa-de-basur…/458977 ocultaba un profundo problema de los servicios públicos esenciales de Colombia, que la revista no osó preguntarse.
¿Por qué la SIC impone una multa a una empresa de servicios públicos?
¿Porque rompió la libre competencia? Acaso la SIC no tiene que ver con
la Industria y el Comercio, mientras los Servicios Públicos tienen que
ver es con los derechos fundamentales de los colombianos y son un fin
esencial del Estado? Y si los servicios públicos son la garantía de
derechos fundamentales como el agua potable y el saneamiento básico, de
donde acá nuestras normas dicen que se rigen exclusivamente por la libre
competencia?
¿Acaso el mercado garantiza los derechos fundamentales?
Eso no es lo que dice nuestra Constitución, tal criterio, propio de las
versiones más radicales de la Escuela de Chicago, es portador de un
neoliberalismo fundamentalista que no se aplica en ningún lugar del
mundo.
Porque si bien actores privados pueden ayudar a garantizar
un derecho fundamental para la población, el Estado es esencial en esa
garantía.
Y ese es el criterio que expresa nuestra Constitución y no es un error de un alcalde el aplicarla.
El que la SIC sea la que multe a una empresa de servicios públicos
esenciales para la población y a sus directivos y no la Superintendencia
de Servicios es un exabrupto y la ruptura del orden constitucional,
pero que multe una empresa pública de agua potable y saneamiento básico
es peor, atenta contra la vida.
La garantía de un derecho
fundamental y esencial a la vida, como es el agua potable y el
saneamiento básico, consagrado así por las Naciones Unidas, no puede ser
tratado como si tratase de un mercado de gaseosas o de tinte para el
cabello.
Por eso fue admitida la demanda de nulidad por la Justicia administrativa contra las decisiones que impusieron esas multas.
Entonces por qué Peñalosa se adelanto a pagarlas y no se puso en la defensa del Distrito ante tamaño acto de arbitrariedad?
Las razones son estas:
El superintendente Robledo, es amigo de los abogados de las empresas
privadas de aseo y agua potable, y al mismo tiempo es ficha política del
Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras quien también es
amigo y ha sido financiado por los dueños de estas empresas privadas de
contratistas.
La acción de Robledo, que inició el proceso de
multa, estando inhabilitado, y el del superintendente ad hoc, quien
estaba bajo investigación del procurador Ordoñez, buscó que una vez
terminados los contratos de concesión de los empresarios privados del
aseo en Bogotá como si nada, continuaran.
Era una defensa del
interés particular de un grupo empresarial ligado estrechamente al
Vicepresidente de la República. La SIC como varios organismos de
control, vienen siendo utilizados por el vicepresidente como una policía
política.
Si los empresarios son amigos del vicepresidente no
son investigados en la SIC, si no lo son, sí. Por esta misma razón en la
fiscalía se investigó a los amigos del cartel de la contratación de
Samuel Moreno, pero no a los amigos de Vargas Lleras.
Pero estos hechos que desconoce la Revista Semana, bajo su titular de “error del alcalde Petro” tocan temas aún más profundos.
Los concesionarios privados del aseo en Bogotá, son al mismo tiempo los
mayores contratistas de agua potable y saneamiento básico de Colombia,
de la electricidad, e incluso de vías de la 4G del país.
Se trata
de un verdadero cartel de la contratación protegido bajo el Poder del
Vicepresidente y la desidia del Presidente Santos.
Peñalosa paga
la multa porque le debe favores a Cambio Radical y a Vargas Lleras, y
porque lo guía un odio a todo lo que signifique Bogotá Humana, no porque
tuviera la obligación de hacerlo o porque ya la justicia dijera que no
tuvimos razón. Los procesos hasta ahora inician.
Pero el país
está en una situación dramática de escasez de agua por procesos
climáticos desencadenados por el sobrecalentamiento del Océano Pacífico,
comparado con sus promedios históricos. Millones de personas están
siendo golpeadas por otro silencio de la Revista: El Cambio Climático
producido por el ser humano.
Como es que la SIC busca debilitar
financieramente a las empresas públicas de agua y saneamiento básico,
cuando son estas las únicas que pueden mitigar los efectos de la sequía
en grandes zonas del país? Es más importante proteger el interés de
cuatro empresarios que el de millones de personas?
¿No muestra
esta acción, como la de mantener la privatización de las aguas del Rio
Ranchería, la venta de los embalses de Isagen, la postura de Santos
contra el Metro de Bogotá y su Reserva Forestal del Norte, el sabotaje
al primer POT de adaptación al cambio climático: el de Bogotá, la
utilización del agua en minería y petróleo, la concesión de áreas para
minería en lugares estratégicos para el ambiente, una profunda
ignorancia del gobierno nacional sobre el principal problema de la
humanidad hoy: el cambio climático?
El plan presentado por
Colombia para mitigar emisiones de gases efecto invernadero: dióxido de
Carbono, CO2, gas Metano CH4, monóxido de nitrógeno N2O, ha sido un
fracaso.
Al imponerse metas conservadoras, el plan colombiano,
como el de la mayoría del los países de la COP 21, determinaron un
crecimiento para el 2050 de 3 grados centígrados promedio para todo el
mundo respecto a la temperatura de la época preindustrial. Una
catástrofe planetaria.
La COP demandó a los países ser más
audaces para el mes de abril y hacer nuevos planes. El presidente Santos
no discute públicamente lo que sería el nuevo plan, aunque la Bogotá
Humana si lo hizo.
Un plan más audaz implica una política de
ubicación poblacional diferente de aquí progresivamente al 2050, la
electrificación de los sistemas de transporte, lo cual prioriza
ferrocarriles, tranvías y metros, y no autopistas concesionadas y BRT
urbanos, una agricultura diferente que cultive alimentos y no
combustibles y no use abonos en base a Nitrógeno, una política de
arborización agresiva, Bogotá por ejemplo debe sembrar un millón de
árboles al año, una nueva política energética que sustituya
termoeléctricas y gas domiciliario, por energías limpias como la solar, y
ojo, una política diferente respecto al agua y el saneamiento básico.
Si el agua se torna escasa en regiones, su uso debe priorizar el
consumo humano y el de la naturaleza y la producción de alimentos. Tanto
Uribe como Santos han priorizado la minería y la producción de
combustibles por encima de las necesidades vitales. La Guajira y sus
niños muertos son el efecto de esa política irracional.
El agua,
desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático, y el
saneamiento básico, desde la perspectiva de la mitigación, son cruciales
en los tiempos del cambio climático y el modelo de privatización actual
con carteles de contratación que son a su vez, dueños de poder y de la
política, y de la opinión en algunos medios de comunicación, no sirve.
Quien va a pagar por los nuevos acueductos que de regiones cada vez más
lejanas deben llevar el agua a las poblaciones? Quien va a pagar por la
reubicación de poblaciones afectadas por el alto riesgo, sea por
excesos de agua o por su carencia? Quien va a pagar por superar los
rellenos sanitarios productores de gas metano, y transitar hacia el
reciclaje? Si dejáramos esta respuesta a los amigos empresarios del
vicepresidente, estos dirían que toda la inversión debería ser pagada
por las tarifas de los usuarios.
Es decir los pobres, la mayoría
de la población colombiana carente de agua potable y saneamiento básico
de calidad, que perderían por falta de pago los escasos servicios que
hoy reciben.
O tendría que pagar el Estado y garantizar que sus
inversiones no se trasladaran en su financiación a los más pobres de la
sociedad: el mínimo vital bogotano extendido a toda Colombia; pero
entonces para qué empresarios privados concesionarios viviendo de la
renta en los servicios que garantizan el derecho esencial al agua y al
saneamiento básico?
Como se entiende, ante el compromiso de
Colombia frente a la Humanidad de disminuir gases efecto invernadero,
que se le haga pagar a todos los usuarios del aseo de Colombia un
servicio que lo único que hace es transportar residuos para ser
enterrados en rellenos que se convierten en bolsas de metano, uno de los
peores gases efecto invernadero, 21 veces más poderoso que el CO2 en
calentar el planeta?
Pagamos para que nos envenenen y nos maten?
Solo porque esos empresarios del aseo son los amigos de Uribe, de
Pastrana y de Vargas Lleras?
De quien es el error señores de la revista Semana?
